LA PESADA HERENCIA DE ZEROLO.-

José D. Méndez

T eresitas, Parque Marítimo, IES Hermanos García Cabrera, Emmasa, Casa Siliuto, vía del barranco de Santos, "affaire" Lerena, concesión del cementerio de Santa Lastenia... Muchos quebraderos de cabeza para tan poco tiempo. Es lo que debe de pensar el equipo de gobierno del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, respecto a la pesada herencia que en el ámbito judicial le dejó su antecesor, Miguel Zerolo. Todos estos asuntos están en vía judicial y tuvieron su origen en el mandato del que fue regidor de Santa Cruz de Tenerife hasta las elecciones de mayo de 2011.

La historia de la compraventa de la playa de Las Teresitas es vieja. Se remonta a 2001, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad vender el frente de playa a Inversiones Las Teresitas (ILT) por 52,4 millones de euros. La denuncia del colectivo Justicia y Sociedad ante la Fiscalía Anticorrupción en 2006 fue el origen de un enrevesado proceso, con conexiones aún no resueltas en el Valle de las Huertas, la trasera de la playa. A día de hoy se mantiene la imputación del Tribunal Supremo al exalcalde Zerolo y otros concejales, como el entonces responsable de Urbanismo, Manuel Parejo, así como a distintos técnicos de la Gerencia por supuesta malversación de fondos. Lo último ha sido la admisión a trámite por la Audiencia Provincial de la demanda del ayuntamiento para que los empresarios devuelvan el dinero de la operación con sus correspondientes intereses. Como trasfondo y nudo gordiano, la tasación en su día de la técnica municipal por una cantidad y la venta por otra mucho mayor "y sin mover una piedra, porque el terreno ya era público". Negocio redondo según los denunciantes.

El caso del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera arrancó en 2005, después de que el ayuntamiento presupuestara en 300.000 euros, como obra menor, la reforma del edificio, ubicado en Ofra, para albergar dependencias municipales. Los cálculos iniciales engordaron hasta los seis millones de euros tras unos trabajos que llevó a cabo la empresa IMES. El juez llamó a declarar recientemente a Miguel Zerolo por este asunto, pues, según la denuncia, habría firmado varias facturas para sortear el preceptivo control si hubiera sido una obra mayor, que obligaba a abrir un concurso público.

Sorprendió a propios y extraños la concesión en 2005 a Sacyr Vallehermoso, una empresa sin experiencia en el negocio, de la gestión de Emmasa para llevar el ciclo integral del agua. En septiembre de 2009, el TSJC anuló el proceso al entender que, entre otras cosas, se había obviado la información pública del expediente. Casi ocho años después de la privatización, un juez ha instado esta semana al ayuntamiento a ejecutar en cinco días la sentencia que los servicios jurídicos consideran ya cumplida. El futuro de Emmasa está ahora en manos de la Justicia y existe el riesgo de tener que pagar una indemnización multimillonaria a la empresa.

El caso de la Casa Siliuto tiene una estructura en el fundamento de la denuncia similar al de Las Teresitas: tasación técnica por una cantidad (332.500 euros) y pago de otra bastante más elevada (612.000). Ubicada en El Toscal, debía ser Casa de la Juventud, pero en más de diez años no se ha movido una piedra. En marzo tendrán que declarar como imputados por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación en la compra nueve exconcejales, entre ellos el fallecido Antonio Cova, que a finales de 2002, cuando se aprobó la compra, formaban parte del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo.

El caso Parque Marítimo tuvo una gran repercusión mediática y fue objeto de sentencias que llevaron a suspender los eventos en el recinto. Parecía asunto finiquitado, pero solo estaba larvado. Hace unos días, el fleco del Estudio de Detalle que no cumplía el Plan Especial en cuanto a los negocios instalados en el entorno ha obligado a declarar como imputado el exsecretario de Urbanismo.

Para concluir el repaso a una herencia judicial de 16 años, el barranco de Santos y sus obligatorias expropiaciones. Acaba de volver al primer plano porque una pareja reclama desde 2006 un acuerdo con Urbanismo tras su desalojo por las obras de la Vía Arterial.

La acción del abogado mediático, Felipe Campos, está detrás de la mayoría de los casos expuestos. Algunos piensan que para su lucro, otros porque es una especie de "Robin Hood" de la legalidad en un paraíso de irregularidades. Se hizo famoso al cuestionar el Carnaval en el centro y ahí sigue.

Hipotéticos delitos de soborno y estafa en el caso Lerena

Los denunciantes reclaman un supuesto caso inmoral de soborno y que se devuelvan a la Hacienda municipal los pagos hechos por el Ayuntamiento de Santa Cruz a este empresario y que, según estos cálculos, pueden sobrepasar los 300.000 euros.

El caso Lerena parte de la hipótesis de que un constructor fue beneficiado por el ayuntamiento con contratos de adjudicación de obras a cambio de pagar el sueldo a una empleada que habría colado en la Gerencia de Urbanismo. La denuncia plantea que hubo dos intentos de legalizar esas cantidades en los plenos del 30 de marzo de 2012 -con un reconocimiento extrajudicial de crédito- y de diciembre de 2011, en este último caso incorporándolos a la cuenta municipal del ejercicio 2010, aunque con los reparos de la Intervención.

Las facturas, por un importe de 115.995,21 euros, fueron pagadas posteriormente, de acuerdo con las directrices del Decreto de Proveedores.

El gobierno municipal del anterior mandato (2007-2011) solo reconoció un pago al constructor Juan Antonio Lerena Sánchez por 22.425,84 euros en 2001. Las fuentes difieren y sostienen que en su propia web publicó adjudicaciones en 2009 de cerca de 300.000 euros por dos obras.

La posibilidad de irregularidades no respetas ni a los muertos

Cetensa, la empresa concesionaria del servicio de cementerios en Santa Cruz, ha sido también objeto de una polémica judicial que parece no respetar ni a los muertos. Según las cuentas municipales, no había abonado el canon del 5% de sus ingresos brutos al ayuntamiento ni en 2009 ni en 2010. Esta situación fue subsanada mediante el decreto de pago a proveedores con una propuesta de compensación mutua entre lo que debía el consistorio a Cetensa y la empresa a las arcas municipales.

La oposición esgrimió un informe del jefe de Servicios Públicos, fechado en 2005, que alertaba de "incumplimientos en la forma de gestión propuesta en la plica y en el acuerdo de adjudicación".

Aunque desde el Consistoro se asegura que una auditoría externa de 2008 aseguraba que la concesionaria había cumplido y no se observaban irregularidades, la oposición ha calificado la situación de "pelotazo de libro" con el argumento de conexiones familiares y afinidades políticas.

Ese informe de 2005 niega que Cetensa tenga derecho a cobrar una tasa de mantenimiento de los nichos en concesión por cinco años. Pero desde el ayuntamiento reiteran que la Justicia dio la razón a Cetensa.