Silencio atronador en los medios, como siempre. Cuenta el abogado Felipe Campos, cada día más necesario, cada día más clave en la lucha contra el régimen, que como el diablo siempre astutamente nos señala que no existe, que es una quimera, una entelequia y que los que hablan de él son siempre unos paranoicos, que un redactor de El Día dejó escrita la información sobre la presencia en los consejos de administración de empresas relacionadas con Emmasa y en el de Emalsa (Las Palmas), de cargos públicos del PP, imputados en la brutal corrupción en Alicante, como es el caso del señor Bracho en el caso ‘Brugal’ y sus superiores la aniquilaron, la borraron del mapa, demostrando que nada ha cambiado en ese periódico, que todo lo de Paulino es una cruzada del editor, pero que dentro, en la maquinaría que mueve ese barco, acosado por la falta de ingresos publicitarios y las subvenciones públicas, nada ha cambiado y que siguen los viejos equilibrios, los favores y las componendas, como en todos los medios, cada uno en su medida y cada uno con su librito. ¿Es Emmasa? No, porque su consejero delegado pasa de la prensa tinerfeña como la mierda, sino el grupo de gobierno municipal, que ve como le han dejado una herencia envenenada, un paquete bomba del zerolismo, que ahora tiene que resolver Bermúdez y su equipo. Pero ese bloqueo informativo no va a servir de nada, porque todavía quedan espacios libres, donde ustedes pueden saber los manejos de Sacyr Vallehermoso, que ha caído en malas manos con el nuevo gerente, nada que ver con el anterior, ni tampoco va a impedir que los abogados Campos y Ventura presenten una espectacular denuncia ante Fiscalía, donde lo van a poner todo, incluido las subcontrataciones de Emmasa a empresas filiales de Sacyr Vallehermoso, tales como Valoriza y Santacrucera de Aguas, usadas para quitarle activos a la empresa pública, siempre rentable, para descapitalizarla y con esa excusa, subir las tarifas y que sean los vecinos de la capital tinerfeña los que paguen y nutran las voraces tragaderas de esta constructora, ansiosa por dinero, muy ansiosa. La denuncia que va a marcha de crucero es la mejor opción y no la ejecución de la sentencia ganadora en el TS, que al final suponen 120 millones de euros a la empresa concesionaria y que se ponga otra. Mejor conseguir que la justicia resuelva el contrato por estos presuntos incumplimientos y que sea a coste cero para esta castigada ciudadanía. En realidad se trata otra vez de un servicio público el que hacen estos dos abogados.
Ya seguiremos informando de lo que pase con este asunto, a medida que vaya evolucionando.
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