¿Se siente usted el tonto que paga la fiesta? Pues debería hacerlo

| VADEMéCUM (*)

El artículo 31.1 de la Constitución española de 1978 establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al sostenimientos de los gastos públicos “de acuerdo con sus posibilidades” mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio... Los principios de igualdad y progresividad vienen a decir que los que más dinero tienen son los que más deben aportar a la caja común del Estado. Y además de forma progresiva, es decir, según aumenten sus ingresos deben aumentar sus impuestos. Bien pues señores y señoras, esto no es así. Este principio constitucional no se cumple ni se ha cumplido nunca en este país desde la transición democrática, para regocijo, burla y mofa de los grandes capitales y las grandes fortunas y la enorme complacencia de la clase política. Las clases bajas y medias en España, los trabajadores por cuenta ajena, aquellos que cuentan con una nómina regulada pagamos cinco veces más que las grandes empresas y las grandes fortunas. Un mileurista español sufre cinco veces más presión fiscal que el Banco de Santander. Los ciudadanos españoles, esos mismos que trabajamos 20 años de nuestra vida para Hacienda (a razón de 146 días al año trabajados para el Estado, la mitad de nuestra vida laboral), hemos permitido de una manera incomprensible que el Estado, a través de los sucesivos gobiernos, incumpla la Constitución de 1978 de una manera sistemática a base de “decretazos” inconstitucionales que tienen rango de ley inferior a la Carta Magna, por ejemplo la ley de amnistía fiscal de Cristóbal Montoro o la actual ley de tasas y peajes para las energías renovables (privatización de energía solar) del ministro Soria, entre otros muchos. Aparte de eso, los gerifaltes de la CEOE nos recuerdan constantemente que “debemos trabajar más y cobrar menos”. Y el gobierno les hace la reverencia. Todos estos datos se ocultan de una manera obscena, mafiosa, torticera. Quienes controlan la información controlan los datos y, por tanto, los manipulan a su antojo y conveniencia. Los ciudadanos debemos pagar impuestos, en eso estaremos todos y todas de acuerdo. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que paguen más impuestos quienes menos tienen y menos ingresan que los que más beneficios recaudan y más fortunas poseen. Eso es una herejía económica, social y política. Una herejía que llevamos 35 años soportando estoicamente y que ha costada ya muchas vidas, destrucción de familias, desajustes sociales, despilfarros presupuestarios e injusticias sociales contrarias a la propia Constitución. Los impuestos en España se han utilizado siempre como herramienta de propaganda electoral, para ganar elecciones, pero nunca para hacer un equilibrio económico real de la deuda y mucho menos para hacer verdadera justicia social en este país ni para salir de ninguna crisis. El precio de vivir en sociedad es caro. Pero resulta que es 5 veces más caro para los que apenas tienen para comer que para las enormes fortunas, las multinacionales, los bancos y los grandes capitales. Según los presupuestos generales del Estado (PGE), España consume cada año unos 386. 788 millones de euros. La inmensa mayoría de los fondos estatales provienen de las nóminas de unos 20 millones de trabajadores y de 1,3 millones de empresas españolas. El resto procede de los impuestos indirectos y que todos pagamos por igual tengamos un sueldo de 426 euros, de 1.000 euros, de 2.000 euros o de 30.000 euros al mes, con los cual el principio de igualdad y progresividad queda completamente destrozado de manera “indirecta”. Pero también queda destrozado e incumplido de manera “directa” a través de los paraísos fiscales, las Sicav (sociedades de inversión de capital variable) y la propia Agencia Tributaria que hace la vista gorda ande el fraude de las grandes fortunas en este país mientras se ensaña con los mileuristas. Este desajuste impositivo variable a lo largo de las diferentes legislaturas, nos ha llevado a la situación actual, con más de 6 millones de parados y en la que debemos de pagar una deuda pública impagable, que no se va a poder pagan nunca ni de ninguna manera, pero cuyo 70% resulta que es deuda privada; precisamente esa deuda generada por el fraude de las grandes empresas y entidades financieras que no han contribuido al fisco español y que ahora el gobierno ha trasladado a los trabajadores de una manera “ilícita”, “inmoral” e “indecente”. (*) Articulista