La portavoz de la PAH, con otros miembros de la plataforma, junto a una sucursal bancaria. / FRAN PALLERO
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) asegura que en los últimos meses han continuado procesos judiciales de desahucio contra familias sin recursos que habitan viviendas de protección oficial de la empresa pública Visocan. Un hecho que, según la portavoz de la PAH, Irma Évora, supone un incumplimiento de las promesas y el decreto de la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, según los cuales no se desahuciaría por impago de cuotas debido a problemas económicos sobrevenidos, como es quedarse en paro.
La PAH pone como recientes ejemplos el caso de una familia santacrucera cuyo desalojo se ha paralizado después de que interviniera el abogado del CCN y el caso de otra familia lagunera con igual suerte después de que acudiera a esta plataforma ciudadana, que además tiene conocimiento de que siguen su curso procedimientos de Visocan en los Juzgados contra otros inquilinos.
A juicio de este colectivo, cuyas protestas han espoleado a las administraciones públicas para adoptar protocolos de ayuda a desahuciados y que el Gobierno regional promueva un cambio de la Ley de Vivienda, “los abogados de Visocan tratan a estas personas como ignorantes, y al final no ofrecen salidas, pues llegar al proceso judicial indica que no hay intención de resolver esta problemática, cuando lo que hay que hacer es buscar soluciones administrativas”.
La PAH considera que sigue existiendo un déficit en las políticas públicas para facilitar el acceso a un hogar digno, pues, “en lugar de viviendas sociales, de un parque de viviendas de alquiler social, lo que ha interesado son las de protección oficial, para las que es necesario de todas formas hipotecarse con un banco, con lo cual se favorece además el negocio a las entidades financieras,cuando la primera vivienda no debe convertirse en un negocio, al ser un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española”.
Del lado positivo, la plataforma reconoce el paso que está dando el Ejecutivo regional con la reforma de la Ley canaria de Vivienda, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Gobierno, con medidas como la expropiación temporal de pisos, bajo un justiprecio, a los bancos que desahucien a familias para entregarlos, en alquiler, a los afectados, con el fin de evitar que queden en la calle, así como penalizar a las entidades financieras e inmobiliarias que tengan casas vacías, para obligar a sacarlas al mercado en alquiler, al tiempo que incentivar a los particulares por arrendarlas.
Sin embargo, la PAH sostiene que el Gobierno autonómico “se está quedando corto” en esta reforma legislativa, pues estima que no ataca la raíz del problema, “ya que solo se expropia el uso de las viviendas a las entidades financieras, pagándoles una compensación, con lo que tampoco puede decirse que los bancos vayan a perder dinero”.
La PAH pone de relieve que, pese a los cambios legislativos a escala estatal y los que están por venir en Canarias, este grave problema social requiere aún más reformas, para asegurar la función social de la vivienda, y poner fin a una etapa en la que “cientos de miles de personas” han sufrido “los abusos de la banca”, en muchos casos “casi una estafa”. Por otra parte, este movimiento ciudadano muestra su asombro por casos como el ocurrido en Añaza, barrio de la capital tinerfeña, donde ochenta viviendas de protección oficial han caído en manos de Banif, entidad absorbida por el banco Santander. “¿Cómo un suelo con calificación de público, para viviendas protegidas, llega a manos de un privado?”, se pregunta la plataforma, que solicita a la Administración la adopción de medidas para que este tipo de “irregularidades” no se repitan.
La Consejería niega motivos económicos
La Consejería de Vivienda del Gobierno canario admite que Visocan mantiene en los juzgados procesos de desahucio, algunos ya con años de trámite, pero asegura que se trata de familias que no han contestado a los requerimientos de Visocan para que, caso de justificar el impago por situaciones sobrevenidas como el desempleo, se puedan acoger a las ayudas que concede el Ejecutivo canario con el fin de que puedan ponerse al día. Por tanto, el Ejecutivo niega que eche a la calle a personas que hayan justificado la imposibilidad de pagar sus deudas a Visocan, por lo que enfatiza que no se está incumpliendo el decreto dictado en agosto de 2012 por la consejera Inés Rojas, mediante el que se paralizan desahucios a quienes pidan ahora esas ayudas -al no hacerlo en su momento-, que se conceden además con efectos retroactivos, y pudiéndose adaptar el pago al 12% de los ingresos de una familia. Desde este departamento autonómico se advierte de casos de picaresca con viviendas protegidas, por lo que “quien, pudiendo, no paga, hace un fraude en perjuicio de otras personas que las necesitan, y en esos casos no parece justo suspender un desahucio”.
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